CULIACÁN, SINALOA.- La diputada Paola Gárate Valenzuela advirtió que el desplazamiento forzado continúa afectando gravemente a Sinaloa, donde estimaciones académicas calculan que alrededor de 84 mil personas han abandonado el estado, y señaló que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja sin una respuesta efectiva a miles de familias que enfrentan esta situación.
Advirtió que México continúa sin una respuesta integral para atender a las víctimas de desplazamiento forzado interno, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negara un amparo que buscaba obligar al gobierno federal y al Congreso de la Unión a legislar y fortalecer la atención a esta problemática.
En conferencia de prensa, explicó que el amparo en revisión 269/2025 reclamaba la ausencia de una legislación suficiente, instituciones especializadas y presupuesto específico para atender a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia y los conflictos.
La legisladora señaló que la resolución resulta preocupante porque, en los hechos, deja a las víctimas en una situación de indefensión al no establecer una obligación concreta para que el Estado mexicano responda mediante políticas públicas, recursos y mecanismos institucionales.
“Las familias existen, las comunidades afectadas existen y el problema está documentado, pero hoy siguen sin contar con una respuesta suficiente por parte del Estado”, expresó.
Gárate Valenzuela recordó que, de acuerdo con el Informe Mundial sobre los Desplazamientos Internos, durante 2025 alrededor de 390 mil personas en México abandonaron sus hogares por conflictos y violencia.
Asimismo, destacó que en Sinaloa el fenómeno también mantiene dimensiones alarmantes. Citó estimaciones elaboradas por la investigadora Cristina Ibarra, basadas en información del INEGI y mediciones satelitales, que calculan que cerca de 84 mil personas han salido del estado, provocando afectaciones sociales y económicas en diversas comunidades.
La diputada señaló que organizaciones de familias desplazadas han denunciado insuficiencia de recursos y deficiencias en su aplicación, además de la falta de una política federal que complemente y fortalezca los esfuerzos locales de atención.
Ante este escenario, hizo un llamado para impulsar una ley general en materia de desplazamiento forzado interno, crear un registro nacional confiable de víctimas, establecer una institución especializada y garantizar presupuesto específico para atender esta crisis humanitaria.
“Las familias desplazadas no necesitan explicaciones sobre por qué no se les ayuda; necesitan que el Estado asuma su responsabilidad y actúe”, concluyó.
