SINALOA.- La acuicultura camaronera en México enfrenta una crisis estructural que amenaza su viabilidad, marcada por altos costos de producción, competencia desleal y debilidad institucional en la aplicación de políticas públicas, advirtió *Carlos Urías Espinoza*.
El también presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa (COADES) señaló que el sector ha perdido competitividad de manera sostenida, al grado de haber sido desplazado de mercados internacionales clave —como Estados Unidos, Europa y Asia— y comenzar a perder presencia incluso en el mercado nacional.
“Hoy estamos quedando marginados de los mercados. No es un problema de calidad, es un problema de competitividad”, afirmó.
México produce alrededor de 250 mil toneladas de camarón de granja al año. Sin embargo, únicamente entre 20 mil y 30 mil toneladas logran comercializarse en el segmento de producto fresco, el único donde el país mantiene ventaja frente a competidores internacionales por su capacidad de entrega en menos de 24 horas. El resto de la producción enfrenta serias dificultades para colocarse en el mercado.
De acuerdo con Urías Espinoza, el problema central radica en dos factores estructurales: el costo de la energía y el costo del financiamiento. En ambos casos, México opera en condiciones significativamente desfavorables frente a sus competidores.
“En energía —diésel, gasolina y electricidad— estamos pagando prácticamente el doble que otros países. Y en el costo del dinero, mientras nosotros enfrentamos tasas de entre 18 y 20 por ciento, países como Ecuador acceden a financiamiento de entre 3 y 5 por ciento”, explicó.
Esta brecha, agregó, hace imposible competir en un mercado global donde el camarón se comporta como commodity y el precio determina la decisión de compra.
A esta desventaja estructural se suma el ingreso de camarón importado en condiciones preferenciales y el contrabando, particularmente desde países como Ecuador, que cuenta con una producción siete veces mayor a la de México y costos significativamente más bajos.
“El diferencial de costos es tan amplio que permite incluso prácticas ilegales. El camarón entra más barato al país y termina desplazando al nacional en los puntos de venta”, advirtió.
Urías Espinoza subrayó que el problema no es únicamente comercial, sino institucional. Señaló que, pese a la existencia de instrucciones desde el más alto nivel del Gobierno Federal para atender la problemática, las acciones no se han concretado debido a limitaciones operativas y burocráticas dentro de las dependencias.
“Tenemos un Estado que reconoce el problema, pero que no logra ejecutar soluciones con la velocidad que el sector necesita”, sostuvo.
Ante este escenario, el sector decidió reorganizarse y conformar el *Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón*, que integra organizaciones de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Tamaulipas, con más de mil 200 socios y alrededor de 220 mil empleos directos e indirectos vinculados.
El objetivo de esta nueva estructura es unificar la representación del sector a nivel nacional y fortalecer su capacidad de interlocución con el Gobierno Federal.
Entre las propuestas planteadas se encuentran el combate efectivo al contrabando, la revisión de las condiciones de importación, esquemas para reducir el costo energético —incluida la electrificación de granjas— y mecanismos de financiamiento más competitivos.
“El problema no es de producción, es de condiciones. Si no se corrige el entorno, la acuicultura nacional puede desaparecer”, concluyó.
