Culiacán, Sinaloa.- En un firme posicionamiento desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate Valenzuela se pronunció en contra de la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), organismo autónomo garante del derecho a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
“La CEAIP no es una oficina más; es resultado de décadas de luchas ciudadanas. Su desaparición representa un retroceso inadmisible para la democracia sinaloense”, advirtió.
Gárate Valenzuela subrayó que la CEAIP constituye un pilar institucional que ha permitido que la relación entre ciudadanía y gobierno se rija por la ley y no por discrecionalidades. “Sin organismos autónomos, no hay equilibrio de poderes. Lo que se propone es eliminar al árbitro justo cuando más necesitamos transparencia”, señaló.
La legisladora lamentó que las reformas propuestas carezcan de sustento técnico y se hayan impulsado “al calor del momento”, sin medir sus efectos sociales y democráticos. “No se trata solo de estructuras administrativas, sino de derechos fundamentales”, añadió.
Recordó que en 2023, el 80.9% de las resoluciones emitidas por la CEAIP fueron favorables a la ciudadanía. “¿Cómo explican que más de ocho de cada diez personas que acudieron a ejercer su derecho obtuvieron respuesta positiva, y aun así se plantee desaparecer esta institución?”, cuestionó.
Frente a este escenario, la bancada del PRI, a la que pertenece la diputada, planteó una ruta de acción clara para garantizar el derecho a saber en Sinaloa:
1. Impulsar una nueva figura garante local, autónoma y ciudadana, que conserve las funciones esenciales de la CEAIP con un enfoque independiente.
2. Reformar la Ley de Transparencia del Estado, para fortalecer las obligaciones de los entes públicos en materia de acceso a la información.
3. Constituir desde el Congreso un Observatorio Ciudadano Permanente de Rendición de Cuentas, con participación social efectiva.
“Ni el Congreso ni el Gobierno pueden convertirse en juez y parte. Sinaloa no puede quedar huérfana de transparencia. La desaparición de la CEAIP no debe ser el final del derecho a saber, sino el punto de partida para su defensa”, concluyó.
