MÉXICO.- María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Elena Azaola Garrido, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), expresaron preocupaciones sobre el reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta 132 mil 534 personas desaparecidas en México.
Aguilar Rodríguez señaló que la presentación oficial “preocupa en distintas dimensiones” y cuestionó la premisa de que las desapariciones actuales estén desvinculadas de la responsabilidad estatal. Según explicó, se plantea que estos casos “están relacionadas con una responsabilidad del crimen organizado donde no hay responsabilidad estatal”, lo cual consideró “completamente erróneo” y orientado a minimizar el papel de las instituciones.
Asimismo, advirtió que la falta de información en una proporción significativa de los registros -alrededor de 36%- no debería interpretarse como una limitante para actuar. “Es responsabilidad de las instituciones garantizar que haya datos suficientes para la búsqueda, no es una responsabilidad de las familias”, subrayó.
La especialista cuestionó la viabilidad de centrar la atención en carpetas de investigación, al indicar que el número reportado -alrededor de 3,800- evidencia obstáculos estructurales. Este dato, dijo, refleja “lo que se ha dicho muchas veces: que las fiscalías no quieren abrir carpetas de investigación” y los riesgos que enfrentan las familias al denunciar.
Comité de la ONU ya resolvió
Recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la convención, tras agotar los mecanismos previos sin observar cambios sustantivos por parte del Estado mexicano. Este proceso permitirá determinar si en el país las desapariciones ocurren de manera generalizada o sistemática, lo que podría escalar el caso a la Asamblea General de Naciones Unidas.
“El comité tuvo su sesión hace un par de semanas, ahí anunció que ya hubo una determinación; en realidad lo que dice es, ‘vamos a informar en las próximas semanas nuestra determinación’, entendemos que que ya cuenta con una”, apuntó.
Aguilar Rodríguez enfatizó la necesidad de reconocer la magnitud del problema: “La respuesta del Estado no puede ser seguir mostrando acciones que buscan minimizar la crisis”, sino demostrar capacidad o apertura a la cooperación internacional.
Por su parte, Azaola Garrido coincidió con el diagnóstico y criticó el enfoque gubernamental centrado en la reducción de cifras. Señaló que esta narrativa “es como si estuvieran diciendo ‘a tu hijo no lo vamos a contar’”, en referencia a la percepción de las familias frente a los datos presentados.
También destacó los niveles de impunidad, al recordar que existen “menos de cincuenta personas sancionadas en este país” por desaparición, lo que describió como evidencia de una “impunidad gigantesca”. En ese sentido, apuntó que el esfuerzo institucional no es proporcional: “El mismo interés que se pone en depurar las cifras, no se pone el mismo interés en investigar, en sancionar”.
Azaola subrayó además que la problemática excede los registros formales, al mencionar la existencia de más de seis mil fosas clandestinas y alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses. Cuestionó que una política centrada únicamente en casos con carpeta de investigación deje fuera a un amplio universo de víctimas.
“Si la ley dice que solo van a contar los que tengan carpeta de investigación, ¿qué se hace con todos los demás?, ¿qué se va a hacer? Tiene que reconocerse esta realidad”, enfatizó.
En relación con la respuesta institucional, afirmó que las fiscalías “no tienen la capacidad, los recursos, los elementos, para dar respuesta a esta problemática”, y que ello incide en la falta de priorización de delitos como la desaparición, pese a su gravedad.
La investigadora señaló que el Estado mexicano ha respondido al Comité internacional, pero sin transparencia pública: “No conocemos la respuesta del Estado mexicano ante el comité”, lo que, dijo, representa otra fuente de tensión con las familias.
“El Estado tiene que mostrar que hay capacidad, pero también que hay voluntad, que hay sensibilidad humana ante esta tragedia. Esto es lo que hace falta que el Estado muestre ante cada una de las desapariciones que día con día se producen en este país. El Estado se queda muy corto en su respuesta, da un paso para adelante, otro para atrás, otro para un lado, pero no termina de asumir, de hacerse cargo de esta tragedia humana”, concluyó.
