CULIACÁN, SINALOA.- La crisis de la pesca en Sinaloa no es una percepción ni un problema reciente: los datos oficiales confirman años de abandono, falta de inversión y políticas públicas insuficientes que han debilitado a miles de familias dedicadas a la pesca ribereña, de altura, la acuacultura y la producción en aguas interiores, afirmó la diputada priista Paola Gárate.
Señaló que las cifras revisadas del Producto Interno Bruto Estatal dadas a conocer por el INEGI confirman la gravedad de la situación: en 2024, el PIB de las actividades de pesca, caza y captura fue de apenas 2 mil 525 millones de pesos, una cifra inferior a la registrada en 2015.
“Las cifras oficiales confirman el abandono. No estamos frente a una percepción: estamos frente a un fracaso de política pública”, y puntualizó estos datos corresponden a 2024 y todavía no reflejan completamente el impacto económico de la crisis de inseguridad que comenzó en septiembre de ese año, por lo que advirtió que el deterioro de la actividad pesquera puede ser aún mayor.
ACCIONES PARA RECONSTRUIR EL SECTOR PESQUERO:
Paola Gárate destacó que, a partir de los encuentros que ha sostenido con pescadores de las presas, dirigentes de pescadores ribereños, productores acuícolas y representantes de la pesca de altura, existe una coincidencia sobre las acciones que se requieren para reconstruir el sector.
Primera: ordenar realmente el esfuerzo pesquero y garantizar la sustentabilidad de la actividad.
Segunda: impulsar la productividad mediante financiamiento accesible, renovación de embarcaciones y equipos, saneamiento financiero de las cooperativas, mejores esquemas de comercialización, incorporación de tecnología y reducción de costos de producción.
Tercera: garantizar una competencia leal frente al mercado internacional, combatir eficazmente la pesca ilegal y proteger la producción nacional.
Consideró urgente invertir en las comunidades pesqueras, con vivienda digna, infraestructura educativa, servicios de salud y obras básicas que permitan mejorar la calidad de vida de miles de familias. “Hablar de pesca no es hablar solamente de una actividad económica. Es hablar del sustento de miles de hogares sinaloenses y de una actividad estratégica para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país”, subrayó.
INGRESO MASIVO DE CAMARON IMPORTADO
La diputada señaló que uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente el sector es el ingreso masivo de camarón importado y de contrabando, particularmente de Ecuador y otros países de Centroamérica, mientras los productores nacionales enfrentan dificultades para comercializar su producción.
Dijo que durante meses productores de Sinaloa han protestado frente a CONAPESCA para exigir acciones contra lo que consideran una competencia desleal, mientras la incertidumbre mantiene a productores y acuacultores sin certeza sobre si podrán sembrar, producir y vender a precios justos.
“Hay productores que prefieren dejar las granjas acuícolas vacías antes que volver a endeudarse para perder otra vez”, señaló.
COMPROMISOS INCUMPLIDOS
Recordó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estableció en el Plan Nacional de Pesca y Acuacultura el objetivo de que, para 2022, los pequeños pescadores y acuacultores alcanzaran una utilidad diaria promedio de 305 pesos. Sin embargo, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Agricultura entregados al CONEVAL, la utilidad fue de apenas 179 pesos diarios, incluso por debajo de los 209 pesos registrados en 2018.
“No mejoraron: empeoraron las condiciones de los pescadores” afirmó la diputada priista, así como afirmar que los apoyos económicos (Bienpesca), no sustituyen una política productiva de largo plazo. “No es lo mismo construir condiciones para que una familia pueda generar riqueza con su trabajo que limitarse a entregar un apoyo económico insuficiente. La mejor política social no es la que administra la pobreza; es la que crea oportunidades para superarla”, sostuvo. Recordó que el gobernador Rubén Rocha Moya anunció la siembra de 240 millones de alevines en las presas, pero después de cuatro años sólo se reportan 103 millones.
También se comprometieron dos plantas procesadoras, un laboratorio para productores de moluscos bivalvos y la creación de 120 nuevas unidades de producción, sin que existan resultados suficientes que demuestren el cumplimiento de esas metas. Integrantes de la cooperativa Las Abejas han denunciado que diversas organizaciones enfrentan embargos, cuentas congeladas y adeudos con el IMSS y el Infonavit, mientras algunas corren el riesgo de perder permisos y registros pese a las gestiones realizadas ante las autoridades. “No están pidiendo privilegios. Están pidiendo que el gobierno deje de darles la espalda”, manifestó.
En la pesca de altura, la situación tampoco es distinta. De acuerdo con la CANAINPESCA, alrededor de 300 embarcaciones permanecen detenidas desde hace seis años en los muelles de Mazatlán, mientras entre 20 mil y 30 mil empleos relacionados con la actividad pesquera se han perdido en Sinaloa. Los altos costos del diésel marino, la falta de inspección y vigilancia, el ingreso de camarón ilegal y la ausencia de financiamiento están poniendo contra la pared a una industria estratégica para el estado, advirtió.
