Culiacán, Sinaloa. – Durante sesión en el Congreso del Estado de Sinaloa, la diputada Paola Gárate Valenzuela subió a tribuna para ser la voz de un grupo de ciudadanos que, ante el temor de perder su patrimonio, han acudido a diversas instancias gubernamentales en busca de ayuda, sin obtener respuesta alguna.
Dijo que las más de 500 familias afectadas, originarias de la comunidad de Costa Rica, han sido víctimas de un fraude en el que se les engañó con falsas promesas de propiedad, a pesar de haber realizado pagos de hasta 700 mil pesos a una persona que resultó no tener la legal posesión de los predios. Hoy, bajo el argumento de que ha aparecido un supuesto «verdadero dueño», estas familias enfrentan nuevamente la amenaza de desalojo.
“La vivienda es un derecho consagrado en nuestra Constitución, pero pareciera que dicho mandato no existiera. Las familias no se niegan a pagar; lo único que piden es certeza jurídica”, expresó con firmeza la diputada Gárate Valenzuela ante el pleno.
La legisladora señaló que esta situación no solo representa una injusticia social, sino también una grave omisión por parte del Estado, que ha fallado en garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna y segura.
“Esto no es un favor, es una deuda pendiente. El Estado debe intervenir y solucionar este problema de raíz”, sentenció.
Paola Gárate reiteró su compromiso con las y los sinaloenses y aseguró que no cesará en su labor legislativa y de gestión hasta que se logre una solución justa y definitiva para estas familias.
