Culiacán, Sinaloa.- Ante el atraso importante en el plan legislativo y como gobierno que arrastra Sinaloa en una regulación uniforme en municipios y estado que permita mejorar la certeza jurídica y estado de derecho, se volverá a presentar ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo, anunció Julio César Silvas Inzunza.
El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), lamentó en su tradicional conferencia quincenal de los miércoles que no se haya dictaminado esta iniciativa por parte de las diputadas y diputados de la anterior legislatura.
Además, observó que la actual administración no ha mostrado empatía con emitir una regulación del tipo que se propone.
Precisó que Sinaloa registra un atraso en esta materia porque 27 de las 32 entidades de nuestro país, así como el Ejecutivo federal, ya cuentan con una ley marco que regula y uniforma la manera en que la administración pública, incluyendo organismos descentralizados, interactúa con los particulares buscando proteger y garantizar sus derechos.
“Si bien es cierto –observó–, ya existe una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Sinaloa, una Ley de Justicia Administrativa y de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley de Gobierno Municipal, en ninguna de ellas se regulan temas de funcionamiento general de la administración pública, sino tópicos muy limitados”.
El problema que se tiene es, precisó, que la falta de una Ley de Procedimiento Administrativo provoca discrecionalidad en plazos y formas de resolver trámites, falta de claridad sobre efectos del silencio administrativo, vacíos en el derecho de audiencia, en sanciones administrativas, actos arbitrarios de autoridades municipales y del estado, todo por falta de reglas claras y falta de uniformidad en trámites en línea, lo cual frena la confianza ciudadana.
En abono a la iniciativa que estimó volverán a presentar nuevamente a finales de octubre ante el Congreso del Estado, es que ésta permitiría que los procedimientos señalados sean más previsibles, garantistas y uniformes.
“Es decir, el funcionamiento de los ayuntamientos y la administración pública estatal tendrían una regulación clara y los ciudadanos que interactúan por alguna razón con estos gobiernos sabrían a qué atenerse, ya que la legislación establecería para todos los requisitos de las peticiones, los requisitos del acto, las causas de su invalidez, la integración de expedientes por cada caso y su forma de archivar, los tiempos que tiene la autoridad para actuar, así como la consecuencia en caso de no hacerlo, ya sea la caducidad del procedimiento, la negativa ficta o la positiva ficta”.
Es decir, puntualizó, si un particular solicita la expedición de un permiso o licencia y la autoridad no contesta en un plazo razonable, que se extienda otro y así este particular no continúe sin poder operar por la falta de esta licencia, permiso o autorización.
