Guerrero.- La Secretaría de Obras Públicas de Chilpancingo informó sobre un intento de extorsión por 33 millones de pesos en contra de su director y encargado, Juan Antonio Luquin Mendoza; además, rechazó las campañas de difamación que dijo, “buscan desestabilizar la gestión pública municipal”.
En un comunicado, la Secretaría señaló que “estos hechos pretenden someter al gobierno municipal para extender y afianzar la extorsión que, lamentablemente, ya sufren las familias y los negocios en nuestro municipio”.
Esto, luego de que el martes por la mañana amanecieron colgadas en el puente de la colonia Tatagil, mantas presuntamente firmadas por el crimen organizado, en las que señalaba presuntos nexos con el funcionario municipal.
El gobierno de Chilpancingo, a través de la Secretaría de Obras Públicas, detalló que Luquin Mendoza recibió llamadas anónimas “con exigencias de una suma millonaria, inaceptable e ilegal por un monto de 33 millones de pesos”.
El documento explicó que esta acción es “un claro esfuerzo por cooptar las funciones del Ayuntamiento y utilizarlo como un medio para legitimar y ampliar el ‘cobro de piso’ que desde hace tiempo violenta la tranquilidad, el derecho al trabajo y el sustento de la gente honesta de Chilpancingo”.
La Secretaría enfatizó que el gobierno municipal y el funcionario no cederán ante ningún acto de extorsión.
“No pagaremos a la delincuencia. La ilegalidad no tiene cabida en nuestra administración, y seremos un muro de contención inquebrantable contra quienes intenten extorsionar a los ciudadanos de Chilpancingo, o quieran usar al gobierno municipal para sus fines ilícitos”.
Además, desmintió “categóricamente todas las acusaciones infundadas de corrupción, favoritismo o relación con grupos delictivos vertidas en las lonas”.
Destacó que una reciente auditoría integral realizada por el Gobierno del Estado concluyó sin encontrar irregularidades en la Secretaría, lo que “valida la probidad de nuestra administración”
La situación en la capital guerrerense ocurre tras las declaraciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien reconoció la urgencia de fortalecer la lucha contra la extorsión a nivel nacional, y señalar que la extorsión es el delito que no han logrado disminuir las autoridades.
Ante ello, el gobierno de Chilpancingo dijo que se suma “plenamente a la visión de que el Estado debe asumir la responsabilidad de perseguir la extorsión de oficio, quitando el peso de la denuncia a la víctima, y protegiendo a todas y todos los afectados”.
Imagen: Gobierno de Chilpancingo
Por la gravedad de las amenazas y acciones, la Secretaría de Obras Públicas presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que colaborará “con absoluta transparencia y determinación en todas las investigaciones”.
Finalmente, hizo un llamado “respetuoso y urgente” al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Guerrero, así como a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para reforzar las acciones de seguridad en Chilpancingo.
“Y se brinde todo el respaldo necesario para combatir estas prácticas delictivas que amenazan la gobernabilidad, la inversión y la libertad de trabajar en cada rincón de nuestro municipio, en plena sintonía con la nueva estrategia nacional”.
La Secretaría aseguró que seguirá trabajando “con honestidad y valentía por la infraestructura que nuestra ciudad necesita, sin ceder ante la presión de la delincuencia que busca someter a nuestra gente y cooptar a nuestras instituciones”.
