Culiacán, Sinaloa.- Con el compromiso de fortalecer la infraestructura educativa y garantizar la continuidad del servicio ante contingencias naturales, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, presentaron una iniciativa que propone reformar el artículo 136 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa.
La propuesta fue impulsada por el diputado Bernardino Antelo Esper y las diputadas Paola Gárate Valenzuela e Irma Moreno Ovalle, quienes destacaron que esta iniciativa busca establecer como obligación que los inmuebles destinados a la prestación de servicios educativos cuenten con seguros que garanticen la recuperación inmediata del servicio educativo ante afectaciones ocasionadas por vientos, lluvias intensas, inundaciones u otros riesgos derivados de fenómenos naturales.
El coordinador del GPPRI subrayó que Sinaloa es un estado especialmente vulnerable a tormentas tropicales y huracanes, cuyas consecuencias suelen impactar directamente en los planteles educativos; filtraciones, colapsos de techos, daños en estructuras, materiales y equipos, así como afectaciones en servicios básicos, son situaciones que cada año comprometen la operación de miles de escuelas.
De acuerdo con datos del INEGI, en Sinaloa existen más de 6,900 planteles educativos distribuidos en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, los cuales requieren atención prioritaria para evitar que eventos climáticos interrumpan el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes.
“El contexto climático de Sinaloa exige soluciones preventivas y sostenibles, las escuelas no sólo son centros educativos, sino el segundo hogar de miles de estudiantes; es fundamental contar con herramientas que permitan su pronta recuperación ante cualquier siniestro”, señaló Antelo Esper.
Por su parte, Gárate Valenzuela explicó que el mercado asegurador mexicano ya cuenta con productos adecuados que ofrecen coberturas integrales para proteger tanto los inmuebles como a los estudiantes, trabajadores y bienes, “se trata de una inversión inteligente y responsable que salvaguarda el patrimonio del Estado y protege la educación como un derecho prioritario”, afirmó.
Moreno Ovalles agregó que esta iniciativa también contribuye a fomentar una cultura de previsión financiera y protección civil en el sector público, promoviendo condiciones de seguridad, bienestar y certidumbre para toda la comunidad escolar.
Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario del PRI refrenda su compromiso con la educación, la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, buscando garantizar que, aún en situaciones adversas, la escuela siga siendo un espacio seguro, funcional y al servicio de la comunidad.
