ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la puesta en marcha de un nuevo protocolo sobre la aplicación de la pena de muerte que contemplaba la restitución de la ejecución por pelotón de fusilamiento a nivel nacional y la “simplificación”, en términos generales, “de los procedimientos internos para agilizar” el derrotero judicial de los casos que involucraban la pena capital.
“La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”, señaló en un comunicado el fiscal general interino, Todd Blanche.
Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah eran los únicos estados del país que utilizaban el pelotón de fusilamiento para la pena de muerte. Idaho la empleaba como método principal de ejecución, mientras que en el resto de estados quedaba a decisión del condenado.
De la misma forma, restableció el protocolo de ejecución adoptado durante el primer mandato del presidente Donald Trump, que utilizaba el pentobarbital como agente letal pese a que un informe de la administración anterior recogía un estudio científico que determinaba que producía una fuga de líquido de edema hacia los pulmones, generando así la sensación de ahogamiento e incrementando el dolor en el recluso.
El Departamento de Justicia lanzó, al respecto, un nuevo informe que examinaba los métodos de ejecución utilizados durante la Administración Biden y en el que concluía que el uso del pentobarbital era “compatible con la Octava Enmienda”.
“Estos estudios no distinguían de forma consistente entre edema significativo y mínimo, ni indicaban si los reclusos expresaron o manifestaron dolor o malestar durante la ejecución. Si bien estos estudios limitados indicaban la posibilidad de edema en algunos individuos ejecutados con pentobarbital, el informe no tuvo en cuenta la evidencia que demostraba que, incluso si se producía edema, los reclusos no sentían dolor asociado a la ejecución”, rezó el texto.
El Departamento de Justicia publicaría además una proposición de ley que prohibiría a los reclusos condenados a muerte “presentar peticiones de clemencia” hasta que las “decisiones judiciales en la apelación directa del recluso y en su primer recurso colateral fueran definitivas”.
Por otro lado, también planteó reubicar o ampliar el corredor de la muerte o construir un centro de ejecución adicional para permitir métodos de ejecución más diversos en el marco de un paquete de medidas impulsado con el objetivo de “disuadir” a los criminales de cometer delitos, “hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre a los seres queridos supervivientes”.
Europa Press
