EL FUERTE, SINALOA.- Con cerca de 50 asambleas regionales realizadas en el país, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) continúa el proceso de consulta previa, libre e informada para construir la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
En Sinaloa, el municipio de El Fuerte fue sede de este ejercicio con el Pueblo Mayo-Yoreme.
La Asamblea Regional permitió escuchar directamente las propuestas, necesidades e inquietudes de las comunidades, en un diálogo que reunió a autoridades tradicionales, representantes indígenas y servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno.
En representación del Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) participó en los trabajos. Su titular, Francisco Javier Barrón Aguayo, destacó que la construcción de esta legislación debe partir de la voz de quienes viven directamente las necesidades de sus comunidades.
“Hoy participamos en un ejercicio que refleja una nueva forma de construir el país, escuchando a la gente, dialogando, tomando decisiones juntos, con quienes conocen de primera mano la realidad de sus comunidades. Es el verdadero sentido de esta consulta previa, libre e informada, no se trata solamente de hacer una propuesta de Ley, se trata de abrir un espacio para que los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, participen, expresen sus ideas y contribuyan a un marco jurídico que reconozca sus derechos”, aseveró.
Durante la jornada se abordaron aspectos centrales de la iniciativa, como el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, así como la libre determinación, autonomía, igualdad, interculturalidad, no discriminación, consulta y pluralismo jurídico.
También se analizaron temas relacionados con la protección del territorio, patrimonio cultural y lenguas, sistemas normativos y formas de gobierno, además del acceso a infraestructura, vivienda, servicios y acciones para el desarrollo integral de los pueblos originarios.
La iniciativa contempla, además, disposiciones para fortalecer los derechos de mujeres, niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como mecanismos para garantizar una participación libre, informada y culturalmente adecuada en las decisiones que les conciernen.
Barrón Aguayo resaltó que este proceso representa un cambio en la manera de construir políticas y leyes para los pueblos originarios.
“Durante muchos años, las decisiones de los Pueblos Indígenas se tomaban sin escuchar suficientes voces, Hoy es momento distinto, hoy entendemos que las mejores leyes nacen del diálogo, del respeto y de la participación…”, externó el titular de SEBIDES.
El funcionario reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado, bajo el liderazgo de la gobernadora Graciela Domínguez Nava, de acompañar este ejercicio con apertura, diálogo y absoluto respeto hacia los pueblos originarios.
En la asamblea participaron Silvina Valenzuela Valenzuela, gobernadora tradicional de la comunidad Mayo-Yoreme de La Florida, Ahome; Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira; Carlos Treviño, consultor jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Eduardo Rodríguez, director general de Participación y Consultas de la Secretaría de Gobernación; Nelson Vázquez Merino, director de Participación y Consultas del INPI; Maximino Muñoz, director de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la SCJN; la senadora Ana Francis Chiquete; Gildardo Leyva, alcalde de El Fuerte, además de representantes de comunidades y autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.
Más que una consulta, el encuentro representa la oportunidad de que la voz del Pueblo Mayo-Yoreme quede plasmada en una legislación construida desde el diálogo, el respeto y la participación de sus propios pueblos.
