
Culiacán, Sinaloa.- La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo en el Estado, Diputada María Teresa Guerrera Ochoa, dio a conocer el posicionamiento referente al caso referido de Vargas Landeros y el proceso que se sigue ante los tribunales judiciales.
Donde se establece de manera puntual lo siguiente; Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, en la LXV legislatura, por este medio emitimos un pronunciamiento conjunto sobre el caso de la Declaratoria de Procedencia en contra de Gerardo Vargas Landeros, aprobado por este Congreso de manera unánime, el 01 de mayo del 2025, y el nombramiento de alcalde sustituto para el municipio de Ahome, acordada por este congreso el 2 de mayo del 2025; así como el actuar ilegal e inconstitucional del Juez Primero de Distrito de Zacatecas.
«Reiteramos que nunca hemos sido notificados formalmente de ninguna resolución, de incidente que conceda suspensión definitiva en el caso de Ahome, sin embargo, por medio de información extraída de la página del Consejo de la Judicatura Federal, este Congreso, a través de sus instancias jurídicas ha promovido diversas acciones legales en defensa de la constitucionalidad de los actos del Congreso del Estado, así como contra el actuar ilegal del juez primero de distrito del estado de Zacatecas, que incluyen demandas penales en contra del juez primero de distrito, del quejoso, y de los abogados, presentadas el 07 de agosto, ante el ministerio público federal con sede en Zacatecas. Así mismo se promovió una queja contra el juez primero, un recurso de revisión contra la resolución del juez y otra queja por la misma circunstancia».
Reiteramos que las Declaratorias de Procedencia, como la que se dio en el caso de Gerardo Vargas Landeros son irrecurribles, es decir, inimpugnables, según se dispuso en la Queja 33/2021, de la Primera Sala de la SCJN, así como en la Jurisprudencia T:1a/J.44/2004 donde se determinó que el juicio de amparo no es procedente contra declaratorias de procedencia, por la facultad soberana con la que cuentan las legislaturas locales, además, porque se protege un interés social superior, al retirarse el fuero de cualquier funcionario, para que pueda ser sometido a proceso, siendo decisiones que están libre de cualquier injerencia o poder ajeno.
En el caso de Gerardo Vargas Landeros, la Ley de Amparo establece la improcedencia de cualquier juicio de garantías, al tratarse de hechos consumados (acordados y ejecutados desde el 01 y 02 de mayo del 2025) como lo prevé el artículo 61 fracción VII de la Ley de Amparo, razón por la cual ningún juzgado, actuando dentro del marco de respeto a la normativa constitucional, debió dar trámite a amparo alguno. Y menos concederse suspensión definitiva al existir dosresoluciones previas que negaban suspensión, como fue en el caso del Juez Quinto de Ahome y el Juzgado Décimo Tercero de Baja California, según lo dispuesto en la Ley de Amparo en su artículo 145.
Los comunicados del quejoso son parte de su estrategia jurídico-mediática en la búsqueda de mantenerse presente en los medios de comunicación y generar, con información imprecisa la manipulación de en la opinión social. No hay ninguna posibilidad de que este congreso sea obligado a restituir en cargo alguno al alcalde depuesto, en tanto no exista una resolución absolutoria de los procesos penales en los que es imputado.
Reiteramos que la actuación del congreso sobre el caso Ahome, es constitucional y plenamente apegada a derecho, confirmando nuestro compromiso de actuar con apego a la Constitución federal, a la del estado de Sinaloa y la Ley de Amparo.
Detalló la diputada Guerra Ochoa, que el juez de Zacatecas está actuando fuera del marco de la ley por lo que ya se presentó queja ante consejo de la judicatura y la que seguramente se procederá para efecto de que se tomen cartas en el asunto.
Aún más se torna sospechoso de que se pudiesen haber dado actos de corrupción por parte de este juez ya que los actos que emite ell poder legislativo del estado son irrecurribles y el juez de Zacatecas está por concluir su periodo cómo funcionario público en estos días.