ESTADOS UNIDOS.- La sentencia de cadena perpetua impuesta a Ismael ‘El Mayo’ Zambada marca, para las autoridades estadounidenses, un punto de inflexión en la investigación contra el Cártel de Sinaloa, al abrir una nueva etapa enfocada en el rastreo de recursos financieros, empresas y presuntos colaboradores de la organización, incluidos actores políticos, afirmó el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que, de acuerdo con fuentes consultadas por él en California, integrantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) consideran la resolución judicial como un logro relevante para las investigaciones que han desarrollado durante décadas.
“Para ellos ha sido una victoria, ha sido un logro poder, no solamente tener la teoría de un narcotraficante liderando una empresa del tamaño del cártel de Sinaloa; para ellos ha dejado de ser una teoría, y la confesión de culpabilidad del Mayo Zambada ha cambiado, a partir de este momento, la manera en cómo se van a manejar las cosas”, afirmó.
El periodista indicó que la sentencia también evitó un proceso judicial que, según estimaciones de las autoridades estadounidenses consultadas, habría durado entre dos y tres años y significado un gasto de millones de dólares para acreditar la estructura criminal del Cártel de Sinaloa.
Además de la condena, recordó que el tribunal impuso a Zambada una pena compensatoria por 15 mil millones de dólares, cantidad que busca resarcir parte del daño causado por el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Agregó que las autoridades calculan que la organización introdujo aproximadamente 1.5 millones de toneladas de droga a Estados Unidos.
Arteaga sostuvo que la siguiente fase de la investigación consistirá en identificar empresas, cuentas bancarias y colaboradores mediante la aplicación de la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), legislación federal estadounidense vigente desde 1970 que permite perseguir redes completas de delincuencia organizada.
Aseguró que, con base en la información obtenida durante sus investigaciones y en lo expresado por sus fuentes, la sentencia no representa el cierre del caso, sino el inicio de nuevas acciones judiciales.
Según expuso, las autoridades estadounidenses mantienen como prioridad avanzar en las investigaciones sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios públicos.
Señaló que la fuerza de tarea integrada por varias agencias estadounidenses para el caso Rocha Moya, tendría un plazo de doce semanas para intentar presentarlo ante la justicia estadounidense por distintas vías.
“Ya sea que Rubén Rocha Moya se entregue, ya sea que se le arreste en México, ya sea que lo extraigan, pero la fuerza de tarea tiene una orden presidencial de ir por el cómplice político de ‘El Mayo’ Zambada según el gran jurado que determinó la acusación el veintitrés de abril en el juzgado del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York”, agregó.
“No se va a ir solo ‘El Mayo’ Zambada […] va a buscar que también quienes lo traicionaron paguen el precio y puedan ser llamados ante la justicia de Estados Unidos”, sostuvo.
Indicó que la estrategia la defensa del capo busca diferenciar su caso del de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán -actualmente condenado a cadena perpetua y 30 años adicionales en Nueva York- con el propósito de obtener condiciones de reclusión que favorezcan su estado de salud.
Añadió que existe la posibilidad de que sea trasladado a un centro penitenciario cercano a Rochester, Nueva York, donde tendría acceso a mejores servicios médicos durante el resto de su condena.
El periodista insistió en que la prioridad de Washington será perseguir no sólo a las organizaciones criminales, sino también a quienes, desde distintos ámbitos, habrían facilitado sus operaciones.
Según su información, las autoridades estadounidenses cuentan con los nombres de sus “cómplices políticos durante años”, que aún no se han hecho públicos por el carácter reservado de las investigaciones.
Sobre los posibles siguientes objetivos de las investigaciones, Arteaga sostuvo que la llamada “lista Marco Rubio” -en alusión al secretario de Estado estadounidense- sí existe, pese a que anteriormente autoridades estadounidenses negaron su existencia. Según el periodista, ese listado incluiría a funcionarios mexicanos que son investigados al más alto nivel en Estados Unidos.
Se refirió al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su exesposo Carlos Torres; al secretario de Educación Pública, Mario Delgado; y al senador morenista Adán Augusto López, entre otros nombres.
Además, dijo que en California permanecen varios familiares de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en calidad de testigos cooperantes de las autoridades estadounidenses. Señaló que ese estado fue elegido porque facilita que dichas personas pasen inadvertidas mientras colaboran con las investigaciones y concluyó que California concentra parte de las consecuencias del trasiego de drogas atribuido al Cártel de Sinaloa.
