ESTADOS UNIDOS.- Los senadores estadounidenses John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, presentaron una iniciativa bipartidista para combatir el robo y contrabando de combustible atribuido a organizaciones criminales en México, actividad que, afirmaron, se ha convertido en una fuente relevante de financiamiento para los cárteles y en un problema de seguridad regional.
La propuesta fechada el 14 de mayo, denominada Stop Fueling Cartel Violence Act (“Ley para Detener el Suministro de Combustible a la Violencia de los Cárteles”), fue dada a conocer el miércoles y plantea obligar al Departamento de Defensa de EE.UU. a entregar al Congreso, en un plazo máximo de 180 días tras la eventual promulgación de la ley, un informe detallado sobre las acciones emprendidas para frenar el contrabando de hidrocarburos vinculado al crimen organizado transnacional.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, el informe deberá incluir las actividades actuales del Departamento de Defensa para “impedir, interrumpir o debilitar” a las organizaciones involucradas directa o indirectamente en el robo, desvío o tráfico ilícito de hidrocarburos, así como recomendaciones para fortalecer las acciones contra estas redes.
Entre las medidas planteadas figuran el fortalecimiento de capacidades de fuerzas de seguridad en países aliados, el intercambio de información con agencias civiles estadounidenses dedicadas al combate al crimen organizado, la identificación de nodos clave en las operaciones de estas redes y otras acciones “no cinéticas”, es decir, sin uso directo de fuerza militar.
La iniciativa también establece como postura oficial del Congreso estadounidense que el tráfico de hidrocarburos robados debe ser tratado como un componente prioritario dentro de la estrategia de combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.
En el documento, los legisladores señalan que “organizaciones criminales transnacionales con base en México, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, han desarrollado operaciones a gran escala para robar, desviar y contrabandear petróleo crudo, diésel, gasolina y productos refinados de la empresa energética estatal mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
El proyecto sostiene además que estas redes criminales recurren al soborno de empleados de Pemex, además de perforar ductos clandestinamente, asaltar refinerías y secuestrar camiones cisterna para extraer y movilizar combustible.
La iniciativa cita estimaciones de Pemex según las cuales durante 2024 fueron robados aproximadamente 987 millones de litros de combustible, cifra que representa casi el triple del volumen reportado en 2019.
“El robo de productos de hidrocarburos por organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras ha crecido a una escala extraordinaria, ya que Pemex estima que los ladrones robaron aproximadamente 987 millones de litros de combustible durante el año calendario 2024, casi tres veces el volumen robado en el año calendario 2019”, señala el documento.
Los senadores también retomaron datos del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre el impacto económico del mercado ilícito de combustibles en México.
“El Departamento del Tesoro ha reportado que el gobierno mexicano ha sufrido pérdidas de miles de millones de dólares en ingresos durante los últimos años atribuibles a estas operaciones, y análisis independientes de la industria estiman que el contrabando de combustible y la evasión fiscal asociada privan a México de aproximadamente 24 millones de dólares diarios en ingresos fiscales potenciales”, indica el texto.
Asimismo, la iniciativa afirma que entre 16% y 27% del consumo anual total de combustible en México proviene de fuentes ilegales, según datos citados en acciones de cumplimiento del Departamento del Tesoro estadounidense.
El documento también se refiere al llamado huachicol fiscal, que involucra evasión de impuestos. El proyecto señala que los cárteles “emplean intermediarios mexicanos coludidos para contrabandear petróleo crudo robado a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, etiquetando falsamente los cargamentos como ‘aceite de desecho’ o materiales peligrosos”, destinados posteriormente a importadores en Texas.
La iniciativa también hace referencia las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos contra redes presuntamente vinculadas al robo y contrabando de combustible en México, particularmente mediante sanciones financieras coordinadas entre autoridades estadounidenses y mexicanas.
El documento menciona medidas aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Pone como ejemplo que en septiembre de 2024 fueron sancionados nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades establecidas en México señaladas de integrar una red de robo de combustible que generaba decenas de millones de dólares en ingresos ilícitos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Asimismo, refiere que en mayo de 2025 el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra tres ciudadanos mexicanos y dos entidades mexicanas presuntamente involucradas en una red dedicada tanto al tráfico de fentanilo como al robo de combustible, actividad que, dice el proyecto, producía cientos de millones de dólares anuales para ese grupo criminal.
La iniciativa sostiene que estas operaciones financieras y comerciales forman parte de estructuras criminales más amplias que combinan tráfico de drogas, lavado de dinero y contrabando transfronterizo de hidrocarburos.
La senadora Rosen sostuvo que el robo de combustible “se ha convertido en la principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico para los cárteles”, lo que, dijo, les permite mantener operaciones ilícitas “a ambos lados de la frontera”.
“Me enorgullece contribuir a la presentación de este proyecto de ley bipartidista para ayudar a frenar la capacidad de los cárteles de lucrarse con el combustible y el petróleo crudo robados”, declaró.
Por su parte, Cornyn afirmó que los grupos criminales en México desarrollan métodos “cada vez más sofisticados” para robar y contrabandear hidrocarburos, y utilizan las ganancias para financiar actividades como narcotráfico y trata de personas.
