CHIAPAS.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la detención de 10 personas por su presunta participación en actos de tortura contra dos hombres, hechos que fueron difundidos a través de un video en redes sociales.
Entre los detenidos se encuentran un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco elementos policiales, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró en un videomensaje que “no habrá impunidad ante ninguna conducta delictiva cometida por un servidor público” y afirmó que quienes resulten responsables enfrentarán la justicia.
De acuerdo con la Fiscalía, el material audiovisual deriva de un operativo realizado el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, en Tuxtla Gutiérrez, relacionado con investigaciones por robo de vehículo y en el que participaron distintas corporaciones de seguridad.
“Ya tenemos identificadas a quienes se aprecian en el video y seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos”, declaró Llaven Abarca.
En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a presuntos agentes de la Fiscalía de Chiapas sometiendo a dos hombres, quienes aparecen con bolsas colocadas en la cabeza, mientras algunos de los presentes realizan expresiones de burla, risas y violencia.
Uno de los servidores públicos señalados en el video fue identificado como Pablo Enrique “N”, de quienes familiares de las personas agraviadas afirman, no se encuentra entre la lista de las personas detenidas.
Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, advirtió que solicitó una actuación inmediata de la Fiscalía estatal para actuar contra los oficiales.
“Con respecto a los videos que han circulado en redes sociales sobre el actuar de algunos elementos de seguridad, respetando la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, le he pedido al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que actúe de manera inmediata contra quienes resulten responsables”, expresó.
El mandatario estatal agregó que “a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”.
Tras la difusión del caso, el Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEDH) emitió un posicionamiento en el que exigió una investigación “exhaustiva, inmediata e imparcial” sobre los presuntos actos de tortura y detenciones arbitrarias en Chiapas.
La organización sostuvo que la tortura en México “sigue siendo una práctica generalizada que opera en un contexto de impunidad”, utilizada como método de investigación y obtención de confesiones, lo que —afirmó— vulnera el debido proceso.
Asimismo, citó datos de la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, según los cuales entre 2019 y 2024 se denunciaron en el país, 2 mil 881 casos de tortura que derivaron en 3 mil 506 víctimas.
PRODEDH también señaló que corporaciones como la Policía de Investigación, la Guardia Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) han sido recurrentemente señaladas por presuntas detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Garantizar que los elementos policiales y mandos involucrados sean sancionados, evitando que estos actos queden en la impunidad”, demandó la organización en su exhorto dirigido al Gobierno de Chiapas y a la Fiscalía estatal.
