MÉXICO.- El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México habría comenzado desde inicios de febrero de 2026 en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), y no en marzo como sostuvieron autoridades federales, de acuerdo con un pronunciamiento de varias organizaciones difundido el lunes por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Según la información presentada, evidencia satelital y operativa indica que el vertido se originó en torno a un oleoducto de 36 pulgadas, identificado como “OLD AK C”, en la Sonda de Campeche. Las organizaciones señalan que desde el 6 de febrero se observaron manchas de hidrocarburos en la zona marina.
Un día después, el 7 de febrero, arribó al sitio el buque “Árbol Grande”, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz bajo contrato con Pemex Exploración y Producción. La embarcación permaneció en el área durante ocho días, periodo en el que, de acuerdo con el comunicado, ya era visible una extensa mancha de petróleo.
Para el 19 de febrero, dicha mancha alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados. Además, el 13 de febrero se detectaron embarcaciones realizando maniobras de dispersión con cañones de agua. “Lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata”, señalaron las organizaciones.
Derrame llegó a costas semanas después
El documento indica que el hidrocarburo comenzó a llegar a las costas a inicios de marzo, afectando progresivamente a Tabasco, Veracruz y posteriormente Tamaulipas. Para el 21 de marzo se habían documentado 630 kilómetros de litoral impactado, incluyendo gran parte del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.
Se reportaron 51 sitios con presencia de chapopote, así como afectaciones en playas, manglares, fauna y actividades pesqueras.
Las organizaciones sostienen que, pese a existir conocimiento temprano del derrame, las autoridades no informaron oportunamente a la población. En cambio, en la conferencia del pasado 26 de marzo, el gobierno federal ubicó el inicio de la contingencia el 2 de marzo y atribuyó el origen a un buque no identificado y a chapopoteras naturales.
“La evidencia hoy disponible desmiente esa narrativa”, advierte el comunicado. Añade que no resulta creíble que, con un buque especializado operando durante días sobre un ducto activo en una zona restringida y con una mancha visible, se desconociera el origen del derrame.
Las organizaciones afirman que “no es una simple diferencia de versiones. Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido”.
Señalan omisiones y posibles responsabilidades
El documento sostiene que la falta de información oportuna tuvo consecuencias directas en las comunidades costeras, que no fueron alertadas ni preparadas ante la llegada del hidrocarburo.
“Se trata de una negligencia con consecuencias: las comunidades costeras no fueron alertadas ni preparadas”, señala el texto.
Asimismo, advierte que el ocultamiento podría implicar incumplimientos al Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos, el cual obliga a notificar de inmediato, identificar la fuente y coordinar la respuesta.
Las organizaciones cuestionan: “¿Quién decidió no informar públicamente desde febrero sobre un vertido de gran magnitud? ¿Quién responderá por las comunidades que no fueron alertadas a tiempo y por los ecosistemas afectados?”.
El pronunciamiento está respaldado por diversas organizaciones, entre ellas Greenpeace México, CartoCrítica, Geocomunes y la Alianza Mexicana contra el Fracking.
En el documento, exigen al grupo interinstitucional integrado por dependencias como Semar, Pemex, ASEA, Semarnat, Sener y Profepa que informe de manera transparente sobre:
– Cuándo se tuvo conocimiento del derrame y qué ocurrió en febrero en el ducto.
– La identificación del responsable y los fundamentos técnicos.
– Los documentos generados conforme al plan de contingencia.
– Las medidas de contención, restauración e indemnización.
– Estudios de impacto ambiental realizados.
– La presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Las organizaciones subrayan que lo ocurrido trasciende un problema de comunicación y pone en juego “los proyectos de vida de las comunidades pescadoras” y la integridad de ecosistemas vulnerables. “La población del Golfo de México tiene derecho a saber la verdad”, concluye el comunicado.
