Culiacán Sinaloa.- La Diputada del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate señaló que la seguridad no es un favor que se concede: es un derecho humano que el Estado debe garantizar. Y hoy, ese compromiso está en entredicho.
Los datos son contundentes. En los últimos catorce meses los delitos de alto impacto se han disparado a niveles nunca vistos: el robo de vehículos pasó de 7.5 a 21.9 unidades diarias,
Las privaciones de la libertad crecieron de 3.2 a 7.7 personas desaparecidas cada día y los homicidios dolosos aumentaron más de 571 por ciento, hasta alcanzar en junio de 2025 el máximo histórico de 241 asesinatos en un solo mes, Dijo.
Frente a esta escalada histórica de violencia, la respuesta del Gobierno del Estado es presentar para 2026 un presupuesto de apenas 2 mil 472 millones de pesos para Seguridad Pública y poco más de 1 mil 203 millones para la Fiscalía General del Estado.
Ambas cifras, aunque mayores en apariencia, siguen siendo profundamente insuficientes para enfrentar la magnitud de la crisis que vivimos.
«Si comparamos estos montos con el presupuesto total proyectado del Estado, de más de 78 mil millones de pesos, queda claro el verdadero tamaño de la prioridad asignada: la seguridad pública apenas alcanzaría alrededor del 3.1 por ciento del gasto estatal», expresó.
«Y lo más preocupante: de cada peso nuevo que recibirá el Estado en 2026, menos de seis centavos se orientan a seguridad. Esta proporción confirma que, más allá de los anuncios, la seguridad no es la prioridad real del Gobierno del Estado», dijo.
Las instituciones no solo están rebasadas: están operando al borde del colapso. La Fiscalía de Sinaloa terminó 2024 con 85 mil 852 carpetas pendientes. Es el rezago más grande del país.
Durango abrió en octubre apenas 20 carpetas por robo con violencia; Sinaloa, 539.
«Cuando dividimos presupuesto entre delitos denunciados, la Fiscalía duranguense tiene 17 veces más recursos por caso que la nuestra. Y cuando revisamos inteligencia criminal».
Su presencia puede ayudar, sí, pero no sustituye la obligación constitucional del Estado de Sinaloa de fortalecer su Fiscalía, su policía y su sistema de justicia.
Y mientras el Gobierno decide no escuchar, la sociedad sí ha hecho su tarea. El pasado 9 de octubre, el Consejo Sinaloense de Empresarios presentó un diagnóstico serio y una propuesta integral para recuperar la seguridad.
Plantearon tres ejes prioritarios: más y mejores policías estatales; orden y control real en los penales; y una estrategia para reducir la impunidad fortaleciendo la Fiscalía, el Poder Judicial y las policías de investigación.
Pidieron aumentar el estado de fuerza, profesionalizarlo, equiparlo y dignificarlo; incorporar 660 custodios en penales, separar internos por peligrosidad y reducir la corrupción; y aumentar al menos 30 por ciento el personal de la Fiscalía para abatir 12 mil carpetas anuales del rezago histórico.
Y el mensaje de la sociedad es firme: sin recursos, no hay seguridad; sin Fiscalía fuerte, no hay justicia; sin justicia, no habrá paz.
Un ritmo de aumento anual de 100, 200 y hasta 300 por ciento*, dentro de un plan multianual no es un capricho: es la única forma seria de recuperar las capacidades perdidas en nuestras instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y reinserción social.
Por eso lo digo con respeto, pero con firmeza: presumen un incremento del 22 por ciento, cuando en realidad significa pasar de apenas 2.9 a 3.1 por ciento de la asignación presupuestal del Estado para seguridad.
En la Fiscalía sucede algo aún más grave: aunque anuncian un aumento del 5.5 por ciento, en términos reales la institución pasa de recibir el 1.6 al 1.5 por ciento del presupuesto del Estado.
Sinaloa exige altura de miras, seriedad y compromiso.
Exige que pongamos primero a las víctimas y que actuemos pensando en la paz que merecen nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestras familias.
Este Congreso debe corregir y exigir un presupuesto digno, suficiente y responsable. Ese es nuestro deber.
Porque la seguridad no se construye con discursos, sino con instituciones fuertes. No se construye con buenas intenciones, sino con presupuestos que correspondan a la realidad. Y no se construye con evasivas, sino con decisiones valientes.
Sinaloa merece paz. Las familias sinaloenses merecen justicia, finalizó Gárate Valenzuela
