
México.- El Senado de la República aprobó el martes las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y a la Ley Federal de Derechos, que serán enviadas al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Las modificaciones buscan actualizar las tasas fiscales sobre productos y servicios con riesgos para la salud y adecuar pagos por servicios públicos, incluyendo los migratorios y de telecomunicaciones.
En el caso del IEPS, la asamblea avaló el proyecto en lo general con 75 votos a favor y 37 en contra, y en lo particular con 76 votos a favor y 34 en contra. Tras la votación, la Mesa Directiva turnó el dictamen al Ejecutivo.
La reforma ajusta la tasa del IEPS de 160% a 200% en cigarros, puros y otros tabacos labrados, y de 30.4% a 32% para puros y tabacos hechos a mano, con el objetivo de “hacer menos asequibles esos productos”.
También se modificó la definición de bebidas saborizadas y su cuota por litro, que pasará de $1.6451 pesos a $3.0818 pesos en 2025, buscando “lograr cambios en los patrones de alimentación de la sociedad mexicana”.
En materia de juegos de apuestas, la tasa se incrementa del 30% al 50%, con la intención de coadyuvar al combate del lavado de dinero, “obligando a los contribuyentes a transparentar sus ingresos, reduciendo espacios para operaciones ilícitas”.
Asimismo, los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos estarán sujetos a un 8% de IEPS, tanto en formato físico como en servicios digitales, para “reducir la asequibilidad de este tipo de videojuegos y cumplir con la obligación constitucional de garantizar la protección de la salud y velar por el interés superior de la niñez”.
Se aclaró que los sueros orales que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico estarán exentos del IEPS, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a los contribuyentes y reforzar las medidas contra el sobrepeso y la obesidad.
El panista Raymundo Bolaños afirmó que “suben los impuestos al tabaco, a las bebidas saborizadas, a los juegos con apuestas e incluso a los videojuegos, todo bajo el cínico disfraz de ‘impuestos saludables’ y otros apellidos con los que se dicen verdades a medias, que también son mentiras”. Añadió que “los impuestos nuevos y los impuestos actualizados lo son porque el morenazo lo dispone” y dijo que “el ‘impuesto saludable’ no existe porque la única intención es recaudar”.
Alertó sobre el destino de los recursos recaudados, señalando que “la realidad es que esperan recaudar 42,000 millones de pesos adicionales, y la mentira se expone porque, cada vez que el dinero de estos nuevos impuestos ingrese a la Hacienda Pública, no existe mecanismo legal alguno que los dirija al sistema de salud. El dinero no llega ni a hospitales, ni a centros de salud, ni a los programas de prevención; no se destina a la diabetes ni al combate a la obesidad”.
En su opinión, si “al morenato realmente le importara la salud de la gente, etiquetaría los ingresos del IEPS a acciones específicas, como garantizar el abasto de medicinas o la construcción de hospitales”, pero “se destina simple y llanamente a llenar las arcas del erario y a preparar su maquinaria electoral para las elecciones de 2027”.

Por parte del oficialismo, la senadora Imelda Castro, señaló que el IEPS “no es simplemente un instrumento de recaudación, es una política pública con propósitos económicos, sociales y ambientales, que incide directamente en la calidad de vida de los mexicanos”.
Señaló que “quien produce o consume bienes que dañan la salud o el medio ambiente debe contribuir en mayor medida a reparar ese daño o a financiar programas que lo mitiguen”.
Respecto al destino de los recursos recaudados, Castro señaló que “cada peso recaudado a través de este impuesto tiene un destino útil y tangible en la vida nacional: financia hospitales, programas de prevención de enfermedades, infraestructura, carreteras, educación y acciones para atender el cambio climático”.
Añadió que los ingresos del IEPS “han sido destinados, por ejemplo, a fortalecer programas de salud preventiva, campañas de nutrición y promoción de hábitos saludables” y subrayó que “cada contribución derivada de este impuesto se reinvierte en beneficio de la población, especialmente en los grupos más vulnerables”.
Aumentan cuotas migratorias, acceso a museos y otros servicios
Por otro lado, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos para mantener actualizadas las contribuciones sobre diversos servicios públicos. En lo general, el dictamen recibió 76 votos a favor y 37 en contra, y en lo particular se aprobó con 74 votos a favor, 37 en contra y una abstención, después de rechazar reservas presentadas por senadores del PAN, PT, MC, PVEM y PRI.
En materia migratoria, por ejemplo, el costo para visitantes extranjeros sin permiso para trabajar pasará de 860 a 983 pesos. Para residentes temporales, las tarifas aumentan de forma escalonada: de 5,328 a 11,740 pesos por un año; de 7,984 a 16,693 pesos por dos años; de 10,112 a 21,142 por tres años; y de 11,984 a 25,907 pesos por cuatro años. En el caso de los residentes permanentes, el pago sube de 6,494 a 13,578 pesos.
También se establecen nuevos cobros, como el derecho por autorización para visitar embarcaciones en navegación de altura, como los cruceros, que tendrá un costo de 297.89 pesos.
Además, se cobrará 294.01 pesos por la expedición del formato de autorización de salida del país para niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica.

Los ajustes también alcanzan al acceso a museos y zonas arqueológicas. En algunos casos, los incrementos superan el 100%. En los sitios clasificados como Categoría I, que incluyen recintos emblemáticos como Teotihuacán, Tulum, Monte Albán o el Museo Nacional de Antropología, el boleto sube de 95.58 a 209.09 pesos.
En la Categoría II, que comprende sitios como Comalcalco, Dzibanché y Malinalco, la entrada pasa de 78.71 a 156.75 pesos. Para la Categoría III, en donde se encuentran lugares como La Venta e Izapa, la cuota se eleva de 73.09 a 143.69 pesos. Además, se crea una nueva Categoría IV con una tarifa fija de 104.50 pesos, para zonas como Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún.
En el sector aeronáutico, el servicio de certificación mediante vuelos de inspección de ayudas a la navegación aérea aumenta en 57%, pasando de 134 mil a 211 mil 618 pesos por hora de vuelo. Asimismo, la expedición de certificados de capacidad, licencias o permisos para personal aeronáutico sube hasta en un 20%, mientras que los certificados de aeronavegabilidad aumentan en un 32%.
En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se incluyen modificaciones para permitir la compartición de bandas de frecuencia entre dependencias federales y estatales, así como para eximir del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico a grupos comunitarios y afromexicanos que operen con fines culturales, científicos, educativos o comunitarios sin fines de lucro.
Una vez aprobadas en lo general y en lo particular, ambas reformas fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).




